- La recomendación del FMI y la Comisión de subir el IVA no tiene en cuenta el impacto negativo que esta medida podría tener en los consumidores y empresas, que ya han realizado un importante esfuerzo de ajuste en los últimos años, ni las características socioeconómicas del país, que no se asemejan a las del resto de Europa.
- La manifestada intención del Gobierno de no subir el IVA ni reclasificar los productos con un impuesto reducido pasándolos a gravar de un 10 a un 21% ha tenido una positiva acogida entre las organizaciones empresariales de la alimentación, el gran consumo y la hostelería.
- Como solución para incrementar los ingresos del Estado es urgente garantizar una mayor transparencia en el sistema y un endurecimiento de la lucha contra el fraude fiscal que representa entre el 18,6% y el 22,8% del PIB.
La manifestada intención del Gobierno de no subir el IVA ni reclasificar los productos con un impuesto reducido pasándolos a gravar de un 10 a un 21% ha tenido una positiva acogida entre las organizaciones empresariales de la alimentación, el gran consumo y la hostelería, que valoran muy positivamente la sensibilidad de la Administración en este ámbito. Sin embargo, continúa siendo necesario instar a organismos internacionales como la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, a que tengan en consideración los esfuerzos y ajustes que la sociedad española ya ha asumido, así como la realidad económica del país y del empresariado para evitar una posible reforma fiscal que ponga en riesgo la competitividad y estabilidad del sector y por ende el conjunto de la economía nacional.
Todas las organizaciones empresariales de la cadena agroalimentaria, comercio, distribución y hostelería (Cooperativas Agroalimentarias, FIAB; PROMARCA; AECOC, ANGED; ACES; ASEDAS; CEC, FEHR y FEHRCAREM), que juntas representan más del 20% del PIB nacional, consideran que aunque las muestras de recuperación económica siguen siendo tímidas, las organizaciones internacionales no son conscientes de las reformas que se han llevado a cabo en nuestro país ni tienen en cuenta que las características socioeconómicas de España no se asemejan a las del resto de los países vecinos europeos, lo que impide asumir nuevas medidas impositivas.
De hecho, teniendo en cuenta las consecuencias provocadas por subidas del IVA en los años 2010 y 2012 se observa que la caída media del consumo en tasa interanual en los seis meses siguientes fue de un -‐6,7%, lo que supone un claro impacto en la línea de flotación de la economía española, y pone en peligro la recuperación económica y el empleo.
Respecto a la reforma fiscal, todas las organizaciones en su conjunto ya han advertido en reiteradas ocasiones de que una reforma que se articule en base a incrementos fiscalidad indirecta tendría un efecto devastador no sólo en los sectores representados, sino en la recuperación económica general, ya que un parón en el consumo podría arrastrar en cadena al resto de variables macroeconómicas. De hecho, una reclasificación del IVA del 10 al 21% podría reducir un 9,3% la renta disponible de los hogares, lo que equivale a una pérdida de 60.000 millones de euros.
Las organizaciones empresariales insisten en que los productos gravados a 10% suponen más del 64% de total del gasto, y entre ellos se incluyen productos básicos de cesta de la compra. De aplicarse el cambio de un IVA reducido al 21%, el consumidor podría enfrentarse a un gasto anual adicional estimado entre los 600 y 800 euros, un aumento que pondría en peligro la estabilidad del binomio consumo-turismo que tan importante es para el conjunto de la economía española. En este sentido, desde el sector consideran urgente impulsar una reforma global del sistema tributario, puesto que se trata de una medida realmente necesaria y evitaría la reclasificación que no sólo no estimularía el consumo, sino que lo coartaría de forma clara.
Asimismo, otra de las medidas que el colectivo considera urgente es garantizar una mayor transparencia en el sistema y un endurecimiento de la lucha contra el fraude fiscal que, según distintos estudios comparativos, representa entre el 18,6% y el 22,8% del PIB, una cifra superior a la de la mayoría de países de nuestro entorno.
Teniendo en cuenta que el coste fiscal de esta economía sumergida ronda los 72.000 millones de euros y casi el 7% del PIB – precisamente la misma cantidad de nuestro déficit actual ‐ el refuerzo de la lucha contra el fraude podría tener un efecto recaudatorio mucho mayor que cualquier subida de impuestos, y vendría acompañado, además, de una mayor credibilidad y justicia social.
Si bien no es realista pretender hacer desaparecer este fraude al cien por cien, el sector consumo opina que sólo reduciéndolo a la mitad para ponerlo al nivel de países de nuestro entorno en términos de PIB, se lograría una reducción inmediata de más de 3 puntos del déficit actual. En opinión de las empresas a las que representamos, con este tipo de medidas lograremos recuperar la senda del crecimiento.
Los sectores de la producción e industria agroalimentaria, que juntos generan una facturación global de 370.000 millones de euros y más de 5 millones de puestos de trabajo, están convencidos de que para poder convertirnos en los líderes de la recuperación económica hay que basarse en dos palancas fundamentales: mejorar la competitividad y reducir el déficit público, algo que sólo puede ser una realidad mediante el impulso de una serie de reformas estructurales alejadas de la idea de un incremento impositivo.
