- FEDEPESCA trasladó sus demandas en la reunión que tuvo lugar el Viernes 22 de Marzo, en la sede del Ministerio, junto a las organizaciones CEPESCA, FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES Y APROMAR.
- FEDEPESCA CIFRA EL COSTE DE LA GESTIÓN Y CARGAS BUROCRÁTICAS, MÁS ALLÁ DE LAS EXIGENCIAS FISCALES Y LABORALES, EN 10.152€ AL AÑO POR AUTÓNOMO.
Madrid 25 de Marzo de 2024. Fedepesca, la Federación de Pescaderías Tradicionales, representada por su Directora , Mª Luisa Álvarez y su Vicepresidente. D. Alex Goñi, tuvieron ocasión el pasado viernes 22 de Marzo de compartir reflexiones con el Ministro Planas y su equipo de la Secretaría General de Pesca durante dos horas y junto a sus compañeros de la cadena de las organizaciones CEPESCA, FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES Y APROMAR.
El ministro calificó como de importante la reunión y destacó que los temas de pesca y acuicultura han sido muy importantes para él, considerando que la seguridad alimentaria, la rentabilidad y la sostenibilidad medioambiental debe ser un triángulo estable.
Fueron varios los asuntos comunes que los 4 sectores pusieron encima de la mesa y que demandan a nivel nacional de forma conjunta, como la eliminación del IVA de los productos pesqueros y dotar de mayor presupuesto a la promoción de productos pesqueros, así como un cambio de rumbo en las políticas de la UE, Política Pesquera Común y medioambiental, con la simplificación del marco legal y reducción de las cargas administrativas europeas y nacionales.
Se planteó la urgencia de contar con un marco administrativo que fomente la iniciativa empresarial en la pesca, la acuicultura y su cadena de valor, con normas medioambientales que, aun protegiendo el entorno, permitan la actividad empresarial y con controles de las importaciones de manera que cumplan los mismos requisitos que se exige a lo producido en la Unión Europea.
Por parte de FEDEPESCA, ya como demandas propias, la Directora General, Mª Luisa Álvarez, expuso que la red de pescaderías está en riesgo de extinción si no se hace algo urgente.
En el ámbito europeo planteó que es necesario un cambio de la Organización Común de Mercados ya que es injusto que la información al consumidor sea diferente entre el sector HORECA y el comercio, y entre el producto fresco congelado y cocido y otros productos transformados con respecto a las pescaderías (mucho más exigente para pescaderías).
Reclamó Álvarez también la necesidad de simplificar las exigencias del FEMPA en la gestión de ayudas a micropymes, con un sistema que permita que los autónomos de los subsectores puedan acceder a las mismas, y con apoyo a las asociaciones en su gestión.
En el ámbito nacional y con respecto a la ley de la cadena alimentaria recordó que no tiene sentido que las pescaderías tengan que firmar contratos para cantidades mayores de 1.000 euros y se excluya al sector hostelero que factura por debajo de los 10Millones de euros al año y al hotelero hasta 50 millones de euros, solicitando la misma exoneración.
Pidió también vigilancia ante los anuncios de grandes empresas de ofertas con rebajas de los precios del pescado fresco de hasta el 30% que pueden encubrir venta a pérdidas y evitar que se utilicen los productos de la pesca y de la acuicultura como reclamo con esta práctica.
Con respecto al Anteproyecto de ley de desperdicio alimentario planteó que, como se ha trasladado en todas las fases de alegaciones y transmitido también a los partidos políticos, pedir un plan de prevención a una microempresa es innecesario, y más en un sector en el que abastecimiento es diario y se ajusta perfectamente la oferta y demanda, solicitando que no se incluya una nueva carga a las pequeñas empresas.
Álvarez apuntó a que han desarrollado un estudio interno para valorar cuanto supone al año para un autónomo asumir las obligaciones de sus actividad, más allá de las fiscales y laborales, y han concluido que el coste de gestionar y asumir las numerosas obligaciones que ya se exigen a un pequeño comercio se pueden cifrar en 10.152 € al año de media, en un sector en el que el beneficio neto es de media del 10% del total de las ventas A las pescaderías les cuesta más de 10.000 € al año la burocracia administrativa.
La definición de artesanía alimentaria a nivel nacional, como se ha hecho en otros países de la UE y en algunas CCAA, y la eliminación de absurdos como el registro de productores de envases para el comercio, también fue planteado.
Respecto a la Estrategia alimentaria recordó que es imprescindible contar con un órgano desde que se coordinen las actuaciones de los diferentes ministerios con competencias en el ámbito alimentario y que se cuenten con los representantes de todos los formatos comerciales y de la cadena, teniendo cuenta al pequeño comercio.
Por último, solicitó mayor dotación presupuestaria para la comercialización en la ayuda al asociacionismo del sector pesquero y acuícola, la simplificación de la gestión de ayudas para empresas por debajo de una facturación o sin trabajadores e impulso de las asociaciones como asesores de los empresarios.
Recordó que la gestión administrativa de las ayudas supone en torno al 30% del presupuesto y no es financiable por lo que cuando se da una financiación del 50%, se está cofinanciado el 50% del 70%, o sea, el 35%.
Por su parte el Vicepresidente de FEDEPESCA, Alejandro Goñi, a su vez Presidente del Gremi de Peixaters de Catalunya, planteó que no existe consciencia de la magnitud de la tragedia colectiva que se vive con el comercio especializado en general y, en particular, con las pescaderías.
Para ello puso de ejemplo su negocio familiar, fundado en 1888. Desde entonces siempre han vivido del negocio varias generaciones, pero las perspectivas hacen difícil el relevo generacional. La situación del pequeño empresario es muy complicada. Para cumplir todas las normas tendrían que cerrar los negocios. Abogó por que se entienda la dimensión de lo que hablamos, cómo desaparece el comercio especializado de alimentación, clave para preservar la dieta y el estilo de vida, así como la viabilidad de los mercados.
FEDEPESCA fundada en 1978, representa actualmente a cerca de 6.200 establecimientos detallistas de venta de productos pesqueros y acuícolas frescos y congelados que emplean a más de cerca de 20.000 personas contando con tiendas de productos congelados. Su objetivo primordial es la defensa de los intereses del sector y la mejora de sus condiciones, así como el fomento de la adaptación a las nuevas obligaciones legislativas y la orientación de sus empresas hacia la excelencia empresarial, con la intención prioritaria de ayudarlas a conseguir entre otros, un objetivo claro para todo empresario de alimentación: la Seguridad alimentaria.