- La nueva subida del SMI, sin negociación, y tras un aumento del 66% desde 2018 desanima a estos especialistas en la venta de productos pesqueros y acuícolas.
- Denuncian que es inviable económicamente contratar a personas sin experiencia, que ya alcanzan un coste de más de 2.000 euros al mes (incluyendo pagas extras, cotizaciones, vigilancia en la salud etc.), puesto que no se puede repercutir a los precios de los alimentos más subidas de costes.
- La subida mensual se traduce en un coste real de más de 600 euros al año, NO LOS 37 EUROS AL MES de los que hablan desde el Gobierno.
Madrid, 23 de febrero de 2026.- Desde Fedepesca, la patronal de pescaderías españolas, que representa a más de 6.000 pescaderías en España, se denuncia que el Gobierno de España está convirtiendo en vulnerables a sus autónomos.
“Si hay alguien en este país que sabe lo que es trabajar, somos nosotros, los pescaderos y pescaderas, nos consideramos auténtica clase trabajadora”, así de rotundo se manifiesta el presidente de Fedepesca, Francisco Abad, en nombre de sus asociados.
“Muchos de nosotros empezamos a trabajar de niños, en una España en la que no había los derechos de los que afortunadamente disfrutamos ahora,”. “No pudimos estudiar, nos pusimos a trabajar muy jóvenes y, con gran esfuerzo y orgullo, hemos conseguido montar nuestros pequeños negocios familiares, madrugando cada día y luego abriendo en horario comercial, incluidos sábados, y contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestro país, y nos encontramos con este maltrato tras toda una vida trabajando”, en palabras del presidente de Fedepesca.
“Nosotros trabajamos 6 días a la semana, empezando de madrugada, entre frío y hielo, sin apenas descanso, pues los domingos tenemos que dedicarlos a rellenar papeles. En estos negocios familiares siempre hay faena.” comenta desde el Gremi de Peixaters de Catalunya su presidente Alex Goñi, Vicepresidente de Fedepesca, y, “cuando nos planteamos contratar a una persona que nos ayude a sacar adelante el negocio familiar, nos encontramos con que es casi imposible, las autoridades educativas no los han formado, tenemos que enseñarles en el puesto de trabajo”, afirma Manuel Almazán de Soria, otro asociado de Fedepesca.
“No podemos subir precios, los consumidores no quieren pagar más por sus pescados y mariscos, pero no paran de incrementarse los costes, tanto los laborales, como la gasolina, la luz, más exigencias, por lo que se compromete la viabilidad de nuestros pequeños negocios familiares”, afirma Juan Aquilino desde Valladolid.
“Además de ser casi imposible encontrar personal, no sabes si se van a presentar o no, especialmente la gente nueva, el absentismo laboral está disparado, y entonces te toca hacer tu trabajo y el de tu empleado, cuando tú ya no puedes asumir más”, apuntan desde la asociación de Bilbao.
“Seguir así es muy difícil”, “nos están empobreciendo”, afirman desde la asociación de Burgos.
Estas son algunas de las declaraciones que los miembros de la organización manifiestan para expresar su frustración y la falta de comprensión de cómo funcionan los pequeños negocios por parte del presidente del Gobierno y la titular del Ministerio de Trabajo, que hacen afirmaciones como si todas las empresas fueran multinacionales.
Según CEPYME, en los últimos cinco años han desaparecido 23.000 microempresas, principalmente por el aumento de los costes.
Las pescaderías no son ajenas a este retroceso y han perdido un tercio de sus tiendas desde 2007, “y no es la competencia, es la dificultad para asumir más y más exigencias y más costes, no te dan las horas, cuando no paran de hablar de conciliación”, afirman desde la organización de Sevilla.
Especial preocupación existe respecto a las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre que ya estaría preparando un nuevo Real Decreto para prohibir que las empresas puedan utilizar pluses o complementos salariales para alcanzar el nuevo SMI. Es decir, impedirá la llamada “absorción y compensación” de complementos, una práctica que hasta ahora ha permitido a muchas pymes cumplir con el salario mínimo sin elevar el coste estructural de sus nóminas.
Las pymes tendrían que pagar 3.000 euros más de media a sus empleados, aparte de la subida del SMI.
La ministra de trabajo se refirió en un comunicado a la absorción de los complementos como «una mala praxis» de los negocios, a pesar de que esta práctica está regulada en el Estatuto de los Trabajadores y avalada en distintas sentencias por el Tribunal Supremo.
En términos anuales, el impacto superaría al menos los 3.000 euros por trabajador, si no más, ya que no suele incluir en las cifras las cotizaciones como un coste mayor, una cifra muy inasumible para los pequeños empleadores de carácter familiar.
Francisco Abad invita a la Ministra a realizar una Jornada con él y que vea el esfuerzo que supone mantener estos negocios familiares y que “aterrice en la realidad de nuestro país” “si lo que quiere es acabar con los pequeños negocios familiares, lo va a conseguir”, apunta el Presidente de FEDEPESCA.
También denuncia desde FEDEPESCA, el esfuerzo que se pide a los gestores de estas pequeñas empresas, que tienen que asumir un trabajo extra, derivado de la administración pública, a la que se le llena la boca de simplificación administrativa, pero que menosprecia la labor de los asesores y gestores administrativos. Una vez más, han de regularizar todas las nóminas a finales de mes, sin tiempo apenas para poder hacerlo y calcular los atrasos desde Enero, incurriendo en horas extras laborales, cuyo coste también repercute en las microempresas, además de generando una incertidumbre y malestar continuado por obligaciones derivadas de la mala gestión de nuestros gobernantes.
Documentamos esta nota de prensa con las declaraciones de un pescadero asociado en la organización de Madrid, Miguel Ángel Criado, realizadas el Viernes a las 6.30 de la madrugada tras abastecerse con los mayoristas de pescados.
FEDEPESCA, fundada en 1978, representa actualmente a cerca de 6.200 establecimientos detallistas de venta de productos pesqueros y acuícolas frescos y congelados que emplean a más de cerca de 20.000 personas contando con tiendas de productos congelados. Su objetivo primordial es la defensa de los intereses del sector y la mejora de sus condiciones, así como el fomento de la adaptación a las nuevas obligaciones legislativas y la orientación de sus empresas hacia la excelencia empresarial, con la intención prioritaria de ayudarlas a conseguir entre otros, un objetivo claro para todo empresario de alimentación: la Seguridad alimentaria.
